Aprobación de «Ley garrote» en Tabasco

julio 31, 2019

Asuntos Públicos

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El 26 de febrero de 2019, el diputado Gerald Washington Herrera Castellanos (PRI), presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 196 del Código Penal para el Estado de Tabasco en materia del delito de extorsión, con el objetivo de sancionar con mayo rigor el delito en cuestión.

El 24 de julio de 2019, el Gobernador del Estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, presentó ante el Congreso del Estado de Tabasco una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Tabasco, que propone la inclusión de un nuevo tipo penal denominado “impedimento de ejecución de trabajos u obras”.

Ambas iniciativas fueron turnadas y discutidas en la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso del Estado de Tabasco y en su conjunto se generó el dictamen con proyecto de decreto.

Este lunes 29 de julio el Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, en su Segundo Periodo Extraordinario de sesiones, aprobó el dictamen en lo general con 21 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

En la discusión en lo particular con 24 votos a favor y uno en contra el Congreso del Estado de Tabasco aprobó las modificaciones a los artículos 299, 306, 307 y 308 del Código Penal Estatal y la adición del artículo 196bis, para establecer que ante extorsiones, coerciones, que intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, sin perjuicio de las penas que corresponda por otros delitos que resulten, la pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.

Tras la votación del Congreso la ley fue defendida por el Gobernador Adán Augusto López Hernández, y expresó que en Tabasco se va a respetar el Estado de Derecho y se actuará con firmeza garantizando la libertad de todos los tabasqueños.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ley no es para reprimir las marchas y bloqueos, sino para combatir el vicio de sobornar autoridades y a Pemex para realizar sus trabajos por medio de extorsiones.

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, expresó que la ley pretende evitar sabotajes y chantajes contra la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Ampliación del mandato en Baja California

El 8 de julio en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Baja California, 21 diputados locales aprobaron reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California para ampliar el mandato, de dos a cinco años, del Gobernador electo por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Jaime Bonilla Valdez.

El 23 de julio la reforma fue validada luego de que al menos tres de los cinco ayuntamientos de la entidad la aprobaran (con excepción de Tijuana y Mexicali).

Para que la reforma entre en vigor, es necesario que sea publicada en el Periódico Oficial de Baja California, aunque el Gobernador actual del estado, Francisco Vega, aseguró que no la promulgará.

Correspondería al Congreso del Estado la publicación de la reforma para su entrada en vigor.

El 24 de julio, la Suprema Corte de Justicia consideró improcedentes las controversias interpuestas por los municipios de Tijuana y Mexicali, porque la reforma constitucional no ha sido publicada en el Periódico Oficial.

Para que partidos políticos u otras instancias puedan presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, contra la extensión de mandato, primero es necesario que se publique la reforma en el Diario Oficial de Baja California.

Protestas por el aumento de las tarifas del transporte público en Guadalajara

El 24 de julio el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que aumentaría la tarifa de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara, de $7 a $9.50 pesos como una medida para mejorar la calidad y el servicio.

El Gobernador del Estado justifico el aumento en el transporte público al expresar que fue una medida aprobada en los últimos meses del gobierno anterior.

El 26 de julio colectivos de inconformes protestaron contra el aumento. En la estación Plaza Universidad del Tren Ligero de Guadalajara, los jóvenes permitieron el acceso gratuito hasta que policías antimotines procedieron a la detención de los jóvenes situación que se desencadenó en protestas contra esta medida. En redes exigieron la liberación de los jóvenes y la renuncia del Gobernador.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco, en su cuenta de Twitter, justificó la acción policial señalando que un grupo de sujetos, con el rostro cubierto y en actitud violenta había causado primero daños en el portón de Palacio de Gobierno, durante las protestas, y luego en la estación Plaza Universidad del Tren Ligero.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó sobre el inicio de una investigación para determinar si hubo afectaciones de los derechos a la libre manifestación de las ideas, a la integridad y seguridad personal.