Casos controversiales en la impartición de justicia

febrero 10, 2015

Abigail Martínez Tovar

Compartir artículo
  • La liberación de Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Sur” encarcelada en tiempos del ex Presidente Felipe Calderón pone una vez más en tela de juicio la capacidad de las instituciones judiciales de llevar un proceso con apego a Derecho.
  • El pasado 6 de febrero la magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito giró la orden de liberación de Sandra Ávila Beltrán, al revocar la sentencia dictada por el juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, quien había sentenciado a Ávila Beltrán por cinco años de prisión y a mil días de multa por lavado de dinero. La magistrada argumentó que Ávila ya había sido juzgada por el mismo delito, tanto en México como en Estados Unidos. 
  • Ávila Beltrán fue detenida el 28 de septiembre de 2007 en un restaurante de la colonia San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México, durante un operativo federal. Fue acusada de ser la administradora financiera del cártel del Pacífico y señalada como cercana a Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. 
  • Tras permanecer en el penal de Santa Martha Acatitla y en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Cuatro, de Nayarit, en 2012 Ávila Beltrán fue extraditada a Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. 
  • En 2013 fue enviada de Estado Unidos a México para cumplir la sentencia de lavado de dinero de 70 meses, la cual ya estaba cumpliendo desde antes de su salida de México.  
  • El sábado 7 de febrero Sandra Ávila salió de manera definitiva del módulo para mujeres del Cefereso número 4, conocido como El Rincón, de Nayarit ya que la PGR ha confirmado que la resolución judicial emitida no admite recurso alguno. 
  • Algunos especialistas como el investigador Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), han señalado que el caso de Sandra Ávila Beltrán fue otra simulación creada por la pasada Administración y que derivó en la liberación de la acusada, al no poder comprobar su relación con actividades de administración financiera de los cárteles y crimen organizado. Precedentes los casos de Florence Cassez o los de los generales acusados de vínculos con el narcotráfico, ocurridos durante la administración de Felipe Calderón, generan dudas sobre la efectividad  del sistema de procuración e impartición de justicia en México. 
  • Por otro lado, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo el pasado 6 de febrero de 2015, día en el que cumplió 70 años, solicitó continuar el proceso legal en su contra en su domicilio, y en su caso, prisión domiciliaria, debido a su mal estado de salud. Su abogado Marco Antonio del Toro, dijo que la maestra tiene que tomar alrededor de 30 medicinas diarias; tiene divertículos en el colon, en los tobillos un esguince; tiene glaucoma, cambios estructurales por encogimiento; además de hipertensión arterial.
  • El pasado 13 de enero, un juez federal emitió un acuerdo por el que Elba Esther Gordillo podrá seguir las audiencias de su juicio a través de videoconferencias debido a su condición de adulto mayor y a su delicado estado de salud. 
  • Gordillo, es acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • La posibilidad de que Elba Esther Gordillo realice el procedimiento en su contra desde su lujoso departamento en Cuajimalpa, ha levantado críticas e incertidumbre sobre la manipulación de las leyes y del Poder Judicial, principalmente ante la opinión pública. 
  • Antes de entrar a prisión Gordillo lideraba un sindicato con más de 2 millones de afiliados y administraba miles de millones de pesos, un cargo que requiere de una condición física y mental saludable. A casi dos años de su entrada en prisión resulta que la salud de la lideresa se ha deteriorado vertiginosamente. 
  • Aunque legalmente la ex lideresa está en su derecho solicitar dicho beneficio, debido a la tendencia histórica de corrupción en muchos de los procesos penales de México, ante la opinión pública este caso podría convertirse en otro caso en el que las influencias o el poder económico de los acusados determinan la impartición de justicia.