Pobladores de Ostula y San Francisco Xochicuautla marchan en la Ciudad de México

julio 28, 2015

Abigail Martínez Tovar

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Hoy, 28 de julio, se manifestaron en la capital del país los integrantes de las comunidades de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, y San Francisco Xochicuautla, Estado de México. A continuación se relatan los hechos que motivaron esta protesta:
  • El 19 de julio Zemeí Verdía Zepeda, comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, Michoacán, acudió a una cita con un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad para hacer una revisión de su armamento y regularizar un vehículo blindado que el propio gobierno estatal le había entregado. No obstante, Verdía fue detenido, remitido a Morelia y más tarde a un penal en Nayarit, aunque de acuerdo con algunos medios, aún no existe claridad sobre los cargos que se le imputaron. 
  • En protesta, los pobladores de Ostula realizaron bloqueos en distintos puntos de la carretera costera. Como respuesta, los gobiernos federal y estatal realizaron un despliegue de fuerza que propició que militares y policías enfrentaran a civiles, los cuales se defendieron con palos y piedras. Según testimonios de los pobladores, los militares realizaron disparos supuestamente para asegurar su salida del lugar. El saldo fue la muerte del niño Hidilberto Reyes, de 12 años de edad, y varios heridos.
  • La Procuraduría de Michoacán declaró que los militares no tuvieron ninguna responsabilidad y que los disparos realizados fueron hechos por personas desconocidas. Además, el comandante Felipe Gurrola Ramírez, representante del gobierno federal para la seguridad en Michoacán, declaró que los disparos fueron hechos al aire “con la intención de disuadir” a los habitantes de Ostula. Sin embargo, el vocero de la comunidad, Agustín Vera, denunció que los soldados del Batallón Número 86 fueron quienes comenzaron los disparos contra viviendas y población.
  • Por otro lado, el 9 de julio el presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto expropiatorio con el que se pretende despojar de su territorio ancestral a la comunidad indígena ñatho de San Francisco Xochicuautla para la construcción del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan. Según los habitantes, desde hace ocho años han querido imponer este proyecto por medio de medidas irregulares.  
  • Frente a estos eventos, ambos pueblos decidieron unir sus luchas para convocar a la manifestación de hoy, la cual empezó a las 4 p.m. y partió de la Estela de Luz a la Secretaría de Gobernación. 
  • Las principales exigencias de los manifestantes son la derogación del decreto expropiatorio, alto a la guerra contra Ostula, libertad inmediata a Zemeí Verdía Zepeda, presentación con vida de los comuneros desparecidos en los últimos cuatro años, reparación de los daños causados a los bienes de los habitantes y castigo a los culpables del asesinato de Hidilberto Reyes.
  • Como antecedente, el 24 de julio se habían firmado 12 acuerdos alcanzados entre las autoridades de la comunidad nahua de Santa María Ostula y funcionarios de la SEGOB –el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz– y de la PGR –el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres– con la finalidad de destensar la situación que se vive en la costa michoacana. 
  • En los acuerdos, las autoridades federales se comprometieron a cuidar las declaraciones públicas que hagan sobre el suceso ocurrido el pasado 19 de julio en el poblado Ixtapilla, y así no minimizar los hechos ni exculpar a nadie sin llevar a cabo una investigación seria.
  • En diciembre del año pasado y en mayo de este año, Verdía sufrió atentados contra su vida. Después del segundo ataque, el gobierno de Michoacán detuvo al presidente municipal de Aquila, acusado de fraguar el fallido asesinato junto con otros cómplices. Según reconocieron los detenidos, el comandante de la Policía Comunitaria de Ostula representaba un obstáculo para el reparto de las ganancias que generan las minas de la región.
  • Asimismo, resalta el hecho de que durante varios años, la comunidad nahua de Ostula ha sido víctima del crimen organizado. 
  • Los hechos ocurridos en Tlatlaya, Calera, Ayotzinapa y, ahora, en Ostula, representan retos importantes que el Gobierno Federal deberá enfrentar de forma cuidadosa para que su imagen y credibilidad no siga siendo afectada. Frente a estos hechos es apremiante que el gobierno tome medidas para asegurar el cumplimiento exacto de protocolos sobre el uso de la fuerza y que se dé un curso adecuado a la investigación a efecto de identificar y castigar a quienes resulten responsables.